4.4. Legislación sobre inmigración

 

La política en inmigración española tiene dos líneas de actuación fundamentales, por un lado, lo regulado en relación de su condición de miembro de la Unión Europea (U.E.) y por otro lo que se regula con el resto de países.

Antes de comenzar a desglosar la normativa en materia de inmigración es importante saber que es un extranjero en nuestro ordenamiento jurídico.

 En el marco de la U.E

En Europa los controles fronterizos en la zona de la Unión Europea casi han desaparecido entre los propios países de la unión, esto ha hecho que la normativa sea común ya que el acceso a España es acceso al resto de los países de la U.E.

La política de inmigración europea se regula mediante dos acuerdos, que establecen unas normas comunes en el territorio de la Unión:

• Acuerdo de Schengen (1985). En él se suprimen los controles de las personas en las fronteras entre los países que componen la UE y la realización de controles y medidas destinadas a mejorar la seguridad en las fronteras.
• Acuerdo de Tampere (1999). Regula la relación con los países que no pertenecen a la unión.

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social

La Ley de Extranjería es el nombre con el que se conoce la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, modificada por las LO 8/2000, 14/2003 y 2/2009. Es la norma española que regula la entrada y estancia de los extranjeros extracomunitarios en el territorio español, así como los derechos y libertades que se les reconocen.

Los derechos reconocidos por el régimen general de la Ley de Extranjería en cuatro grandes grupos:

La Ley comprende setenta y un artículos estructurados en cinco títulos. El Título Preliminar contiene disposiciones generales y los demás hacen referencia, respectivamente, a los derechos y libertades de los extranjeros, su régimen jurídico, las infracciones en materia de extranjería y el procedimiento sancionador y la coordinación de los poderes públicos.